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La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una de las leyes más importantes en México en cuanto a la prevención y combate a la corrupción y los delitos financieros.
Esta ley tiene como objetivo prevenir y detectar actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En este sentido, las empresas mexicanas tienen la obligación de cumplir con las disposiciones de esta ley y contar con herramientas efectivas para controlar los riesgos y evitar sanciones.
Origen de la LFPIORPI
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como LFPIORPI, es una ley mexicana que tiene como objetivo prevenir y combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esta ley entró en vigor en julio de 2013 y es una de las principales regulaciones que las empresas deben cumplir en México.
La LFPIORPI fue creada como resultado de los compromisos internacionales que México adquirió en materia de prevención y combate al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Estos compromisos incluyen la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La LFPIORPI tiene como objetivo prevenir y detectar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, aquellos recursos que provienen de actividades ilícitas como el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, el fraude y la evasión fiscal. Además, la ley busca evitar que estos recursos se utilicen para financiar actividades ilícitas como el terrorismo y el lavado de dinero.
La LFPIORPI establece las obligaciones de los sujetos obligados en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y establece las sanciones por incumplimiento. Es importante destacar que esta ley aplica no solo a las empresas financieras, sino también a otros sectores como inmobiliario, joyería, casinos, entre otros, que podrían ser utilizados para realizar operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Sujetos obligados de la LFPIORPI
La LFPIORPI establece que los sujetos obligados son aquellas personas físicas o morales que realicen actividades vulnerables, es decir, aquellas que por su naturaleza o características puedan ser utilizadas para ocultar o disfrazar recursos de procedencia ilícita. Los enumeramos:
- Personas físicas o morales que se dediquen a la compra-venta de bienes muebles e inmuebles.
- Casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado, instituciones de crédito, entre otros.
- Empresas que realicen actividades vulnerables como joyerías, galerías de arte, subastas, entre otras.
- Fideicomisos y sociedades de inversión.
- Organizaciones civiles y fideicomisos sin fines de lucro.
- Notarios públicos y corredores públicos.
- Agentes aduanales y empresas que presten servicios de logística.
- Abogados, contadores, auditores y asesores fiscales.
Es importante destacar que esta lista no es exhaustiva, y que la LFPIORPI establece que cualquier persona física o moral que realice actividades susceptibles de ser utilizadas para ocultar o disimular recursos de procedencia ilícita, también está sujeta a la ley y sus obligaciones.
Sanciones de la LFPIORPI
La LFPIORPI establece una serie de sanciones en caso de incumplimiento por parte de los sujetos obligados. A continuación, se enumeran algunas de las sanciones más relevantes:
- Multas económicas: La ley establece multas que pueden oscilar entre los 12,500 y los 25,000 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, lo que equivale a una cantidad significativa de dinero. Estas multas se aplican tanto a personas físicas como a personas morales.
- Clausura de establecimientos: La autoridad competente tiene la facultad de ordenar la clausura de los establecimientos de los sujetos obligados que no cumplan con las disposiciones de la ley.
- Suspensión de actividades: Además de la clausura, la autoridad puede ordenar la suspensión temporal de actividades de los sujetos obligados que incumplen con las disposiciones de la ley.
- Revocación de permisos y concesiones: En casos graves de incumplimiento, la autoridad puede revocar los permisos y concesiones otorgados a los sujetos obligados.
- Prohibición de celebrar contratos con el gobierno: La ley establece que los sujetos obligados que incurran en ciertos delitos previstos en la misma, pueden ser sancionados con la prohibición de celebrar contratos con el gobierno por un periodo de hasta diez años.
- Penas corporales: En algunos casos, la ley contempla la posibilidad de imponer penas corporales a las personas físicas que cometan delitos previstos en la misma, como la prisión preventiva o la reclusión.
Es importante que los sujetos obligados conozcan las sanciones previstas en la ley y tomen las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un software de cumplimiento normativo puede ser una herramienta valiosa para identificar los riesgos y mitigar los efectos de una posible sanción.
