Tal y como hemos visto en anteriores post sobre qué son los fondos europeos Next Generation en este os explicaremos los requisitos de estos recursos ya que, para gestionar adecuadamente estos fondos, las entidades públicas en España deben cumplir con una serie de requisitos legales y reglamentarios. En este artículo, se analizarán estos requisitos y la importancia de un software para el cumplimiento normativo de las administraciones públicas.
Requisitos legales para la gestión de los fondos Next Generation
La Orden HFP/1030/2021 establece el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que tiene como objetivo impulsar la recuperación económica y social de España.
El sistema se basa en la colaboración entre las administraciones públicas y la sociedad civil, con una estructura organizativa que incluye un Comité de Seguimiento y una Oficina del Plan. También se establecen procedimientos de coordinación y seguimiento, así como mecanismos de evaluación y control para garantizar la eficacia y transparencia del PRTR.
Estos fondos están sujetos a una serie de condiciones y requisitos que deben cumplir los Estados miembros y las entidades receptoras para garantizar su correcta gestión y aplicación:
Código ético y de conducta: las entidades públicas en España suelen tener un código ético y de conducta que establece los principios y valores que deben seguir sus funcionarios y empleados en el desempeño de sus funciones.
- Políticas de prevención: las entidades públicas pueden establecer políticas de prevención que incluyan la capacitación de su personal en la identificación y prevención de situaciones de riesgo, así como la promoción de una cultura ética y de integridad.
Evaluación del riesgo: se pueden realizar evaluaciones de riesgo periódicas para identificar posibles áreas de riesgo en la gestión de los fondos públicos y tomar medidas preventivas y correctivas.
Cooperación y coordinación: se puede fomentar la cooperación y coordinación entre las entidades públicas, las autoridades competentes y otros actores relevantes para abordar los riesgos asociados con el fraude, cohecho y tráfico de influencias.
Transparencia y rendición de cuentas: se promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos, lo que permite una mayor visibilidad y responsabilidad en la utilización de los recursos financieros.
Sanciones y disuasión: en caso de detección de fraude, cohecho o tráfico de influencias, se aplican sanciones y se llevan a cabo acciones de disuasión para evitar futuros delitos.
Procedimientos de control interno: la implementación de sistemas de control interno puede ayudar a detectar y prevenir el fraude y el cohecho. Esto incluye la revisión y aprobación de los pagos, la auditoría interna…
Canales de denuncia: se pueden establecer canales de denuncia para que los funcionarios, empleados y ciudadanos puedan reportar posibles situaciones de fraude, cohecho o tráfico de influencias.
Investigación y persecución: en caso de detección de situaciones de fraude, cohecho o tráfico de influencias, se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva y, en caso de ser necesario, se debe proceder a la persecución judicial de los responsables.
Además, se establece la obligación de publicar la información relativa a la ejecución del Plan y los resultados obtenidos, lo que contribuye a la prevención y detección de posibles prácticas irregulares. En cualquier caso, la lucha contra el fraude, el cohecho y el tráfico de influencias es una responsabilidad compartida entre las distintas administraciones y agentes involucrados en la gestión del Plan.
Poner en marcha un proyecto con fondos Next Generation tendrá implicaciones legales no solo para quien lo ejecuta, sino para quien lo concede, aunque muchas de las licitaciones o subvenciones tendrán un caracter menos estricto, la necesitad de poder auditar de forma trazable, transparente y medible genera la necesidad de contar con un software especifico como CompaaS Next Generation.
Las entidades públicas en España, tienen por lo tanto, la obligación de implementar medidas específicas para prevenir y mitigar los riesgos de fraude, cohecho y tráfico de influencias en la gestión de los fondos públicos, garantizando así la adecuada gestión de los recursos financieros y la transparencia en la utilización de los mismo.