Uno de los medios a través de los que las organizaciones pueden tener conocimiento de que se están llevando a cabo conductas o hechos contrarios a la normativa aplicable; tanto externa como interna, es la denuncia de dichas actuaciones por parte de sus empleados. Se trata del Canal de denuncias.
El valor de esas comunicaciones puede ser incalculable, al constituir una forma de prevención de infracciones para la empresa; y contribuir a la implementación y mantenimiento de una cultura de ética corporativa.
Directiva Whistleblower
Sin embargo, la situación de los trabajadores que quieran informar de irregularidades que transcurren en la organización en la que desempeñan su profesión, puede ser muy comprometida. El temor a posibles represalias impide muchas veces que se comuniquen las sospechas, de forma que quienes infringen las normas continúan haciéndolo impunemente, con el riesgo que esto supone para la compañía.
Esa posición de vulnerabilidad no pasó inadvertida, desencadenando que la Unión Europea, en su afán por favorecer que las instituciones operen de forma responsable, regulase en esta materia, culminando en la Directiva Whistleblower 2019/1937. Esta normativa estipula que los Estados miembros tienen la obligación de determinar unas mínimas garantías de seguridad para quienes quieran informar sobre actividades dudosas.
«El temor a posibles represalias impide muchas veces que se comuniquen las sospechas»
Para cumplir con la regulación europea, muchas entidades han constituido medios internos de comunicación de irregularidades, denominados “canales de denuncias”. La finalidad es que sus miembros puedan informar de las posibles infracciones protegidos de represalias y, si así lo deciden, de forma anónima.
Requisitos del canal de denuncias
Para que sean eficaces, los canales de denuncias deben cumplir con una serie de requisitos. Sobre todo relacionados con el procedimiento a seguir una vez se recibe una notificación.
Además, desde que el 17 de diciembre de 2021 la Directiva comunitaria entrase en vigor, las organizaciones que no dispongan de estos canales de comunicación corren el riesgo de ser castigadas con multas que ascienden hasta los 50 millones de euros.
A estos efectos, nuestra herramienta CompaaS cuenta con una funcionalidad de canal de denuncias, que permite implementar un preciso sistema de recepción, tramitación e investigación de las comunicaciones sobre posibles irregularidades internas y así evitar los riesgos de corrupción, fraude, blanqueo de capitales o cualquier infracción de la normativa externa e interna de la organización. Asimismo, ofrecemos la posibilidad de gestionar el canal de denuncias para garantizar un funcionamiento óptimo liberando al cliente de toda preocupación al respecto.
Desde Laworatory estamos concienciados y somos expertos en la lucha contra
la corrupción.